Cuando todos los taurinos deberíamos de recibir la información de la decisión del Tribunal Constitucional a favor de los toros, no ha sido así. Se ha recibido con una mezcla entre la alegría y el escepticismo. Desde un punto de vista positivo, ya que tumbar la prohibición de los toros en Cataluña. Sin embargo es bastante complicado que se levente este veto en la práctica.
Existe una gran número de dificultades empresariales que encontrará el propietario del coso y tendrá un gran número de presiones políticas y sociales que sufre la Fiesta Nacional en esta comunidad autónoma. Como ejemplo de esto último solamente hay que ver la reacción de casi todas las autoridades políticas catalanas, después de conocer la sentencia.
Pero que los tribunales catalanes no acaten y desobedezcan a los tribunales no es nada nuevo. Las posiciones personal, tanto de la Generalitatr como del Ayuntamiento de Barcelona, deben aceptar que el Parlament se “saltó a la torera”, y nunca mejor dicho, la legislación nacional no permitiendo la celebración de espectáculos durante cinco años. Esto no se trataba de prohibir los toros por una inquietud animalista, sino por acabar con un símbolo que el independentismo catalán asocia con la cultura española. Todo esto para mí, es una actitud desafiante impropia de un cargo institucional responsable.
El 25 de septiembre se cumplieron cinco años de las últimas corridas de toros celebradas en Cataluña. Los colectivos taurinos una prioridad revocar la prohibición de la fiesta de los toros en esta comunidad por entender que se trataba de una violación flagrante de la legalidad. El Tribunal Constitucional adoptó esta decisión por ocho votos a favor, frente a tres en contra. La sentencia considera que esta norma invadía las competencias del Estado en materia de su cultura. Según he podido analizar, Cataluña tiene competencia para regular los espectáculos públicos y para proteger a los animales. Pero las Comunidades Autónomas bajo ningún concepto tienen competencia para velar espectáculos que en el ejerció de sus competencias, el Estado ha declarado como patrimonio cultural.
La tauromaquia tiene una presencia indudable en la realidad social de nuestro país, el segundo espectáculo de masas de España. La Generalitat de Cataluña además de acatar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, debería asumir que ir o no a los toros es una decisión que atañe exclusivamente a la libertad de cada una. ¿Quién es el Parlament de Cataluña, para prohibirnos ir a los toros?